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Plena inclusión y la Fiscalía General del Estado acuerdan medidas de colaboración para mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual La confederación, que agrupa a 940 asociaciones de toda España, se compromete a formar a fiscales y a apoyar acciones de ajuste en los procedimientos judiciales

Plena inclusión

ha firmado con la Fiscalía General

del Estado un acuerdo de

gran importancia para garantizar

el acceso igualitario a la Justicia

de las personas con

discapacidad intelectual o del desarrollo.

La colaboración va a facilitar

la formación de fiscales

y la elaboración de guías

que faciliten la relación

con las personas con discapacidad

en procesos judiciales.

También se va a hacer un esfuerzo

para que la Fiscalía adapte

ciertos procedimientos

en los que participan

personas con discapacidad

de modo que se facilite

su comprensión.

¿Por qué es tan importante

este acuerdo?

Porque las personas con

discapacidad intelectual o

del desarrollo suelen

encontrar muchas dificultades

para entender lo que se dice

en un juicio en el que participan.

El sistema judicial español

debería incluir ajustes de

procedimiento.

Ajustes de procedimiento

son cambios que se hacen

en los juicios para que sean

más claros para

las personas con dificultades

de comprensión.

“El acuerdo firmado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Plena inclusión España supone un enorme avance en la tarea de adaptar los procedimientos judiciales y lograr que sean más accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad intelectual”. Con estas palabras ha descrito Santiago López, presidente de la confederación que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo) y sus familias, la trascendencia del convenio de colaboración que ha suscrito junto a Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.

 

Durante el acto, la Fiscal General ha apostado por la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible, “un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso”. Delgado ha recordado la actuación proactiva del Ministerio Fiscal para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.

 

La firma del convenio, que se ha celebrado en la sede madrileña de la FGE, ha servido para formalizar una colaboración que tendrá una vigencia de cuatro años y que se concretará en el desarrollo de varios proyectos de gran valor para la lucha por asegurar un acceso igualitario a los procesos judiciales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Entre las líneas de colaboración que recoge el convenio destacan:

 

  • La promoción de acciones que permitan que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender los actos de trámite, diligencias, resoluciones y escritos del Ministerio Fiscal que afectan a sus derechos a través de la utilización de versiones en lectura fácil.

     

  • La elaboración de guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de materiales y herramientas orientadas a facilitar que los/las fiscales puedan ejercer de forma efectiva sus funciones en relación a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

     

  • El apoyo a los/las fiscales que así lo requieran en el marco de los procedimientos en los que intervengan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en todo aquello referido a ajustes de procedimiento que aseguren el derecho de acceso a la justicia y hagan cierto el derecho a la tutela judicial efectiva que a estas asiste.

     


    En el acto también estuvieron presentes: Mª José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores; Avelina Alia, Fiscal de la Unidad Coordinadora de atención a las personas con discapacidad y mayores; Antonio Hinojosa, líder con discapacidad intelectual que forma parte del equipo de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión España; e Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España.