Plena inclusión
ha firmado con la Fiscalía General
del Estado un acuerdo de
gran importancia para garantizar
el acceso igualitario a la Justicia
de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
La colaboración va a facilitar
la formación de fiscales
y la elaboración de guías
que faciliten la relación
con las personas con discapacidad
en procesos judiciales.
También se va a hacer un esfuerzo
para que la Fiscalía adapte
ciertos procedimientos
en los que participan
personas con discapacidad
de modo que se facilite
su comprensión.
¿Por qué es tan importante
este acuerdo?
Porque las personas con
discapacidad intelectual o
del desarrollo suelen
encontrar muchas dificultades
para entender lo que se dice
en un juicio en el que participan.
El sistema judicial español
debería incluir ajustes de
procedimiento.
Ajustes de procedimiento
son cambios que se hacen
en los juicios para que sean
más claros para
las personas con dificultades
de comprensión.
“El acuerdo firmado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Plena inclusión España supone un enorme avance en la tarea de adaptar los procedimientos judiciales y lograr que sean más accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad intelectual”. Con estas palabras ha descrito Santiago López, presidente de la confederación que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo) y sus familias, la trascendencia del convenio de colaboración que ha suscrito junto a Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.
Durante el acto, la Fiscal General ha apostado por la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible, “un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso”. Delgado ha recordado la actuación proactiva del Ministerio Fiscal para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.
La firma del convenio, que se ha celebrado en la sede madrileña de la FGE, ha servido para formalizar una colaboración que tendrá una vigencia de cuatro años y que se concretará en el desarrollo de varios proyectos de gran valor para la lucha por asegurar un acceso igualitario a los procesos judiciales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Entre las líneas de colaboración que recoge el convenio destacan: