• Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares demandan a las administraciones públicas financiación y compromiso con el fin de garantizar los apoyos que necesitan las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones

   

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión, dos organizaciones con un alto nivel de representatividad entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, celebran que por fin entre en vigor la reforma de las leyes civiles y procesales que regían la capacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad.

La modificación a fondo de las normas, aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso de los Diputados, ofrece (en opinión de ambas organizaciones) garantías jurídicas de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Así, éstas podrán disponer de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la población, evitando influencias indebidas en ese proceso, tal y como avala la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con este paso se elimina una discriminación histórica del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la capacidad modificada jurídicamente.

Desde las dos organizaciones se subraya la relevancia que este cambio legislativo va a representar en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en especial en lo que atañe al Código Civil. Las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad, como las sugeridas desde la AEFT y Plena inclusión España, han supuesto la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, junto a la prohibición de que entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como juez y parte, es decir, que se les autorice a ser tutoras y a ofrecer otros servicios.

Aunque se aplaude el cambio de paradigma que aporta esta reforma legislativa, ambas organizaciones recalcan la necesidad de dotar de los mecanismos y las herramientas necesarios para garantizar este modelo de provisión de apoyos y garantía de derechos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En este sentido, hacen hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma y la Convención. También reivindican la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo, para que se pueda garantizar la determinación de los apoyos y su provisión.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva legislación, la AEFT y su red de entidades, dedicadas al apoyo a la toma de decisiones desde hace más de 30 años, salieron a la calle el día 3 de septiembre en diferentes puntos de España para hacer públicas estas reivindicaciones y celebrar este paso adelante por el derecho a decidir de las personas con discapacidad.