A las puertas de comenzar 2024, el PSOE y el PP alcanzaron por fin el acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución con el fin de sustituir el término que califica a las personas con discapacidad como ‘disminuidos’. Una reforma que venía siendo ampliamente reclamada por las organizaciones de discapacidad representadas por el CERMI y en consonancia con el mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Un cambio que desde Plena inclusión ha sido recibido con gran satisfacción. Para la presidenta de la confederación, Carmen Laucirica, se trata de «un motivo de celebración, algo histórico, que ha costado muchos años conseguir, pero que seguía siendo totalmente necesario no sólo para nuestro colectivo, sino para el conjunto de la sociedad española a la que dignifica al reconocer nuestros derechos y nuestra contribución a la sociedad como ciudadanas activas».

La medida es doblemente celebrada, ya que, “además de la dignificación de la forma de llamar a las personas con discapacidad, también incluye modificaciones importantes que aluden al desarrollo de políticas y legislación, contando con las organizaciones y con las propias personas con discapacidad”.

Y es que el nuevo texto del artículo 49 de la Constitución establecerá en su primer apartado: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

Y en el apartado segundo: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.