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Mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a barreras judiciales que les dificultan la denuncia de agresiones

Las mujeres con discapacidad son más vulnerables y por eso tienen más riesgo de sufrir violencia machista. A eso hay que sumar que para ellas la Justicia es poco accesible, ya que existen barreras que dificultan sus denuncias. Por estos y otros motivos, la federación Plena inclusión Región de Murcia se une este 25 de noviembre al movimiento feminista y al de la Discapacidad para reivindicar una postura firme y colectiva de denuncia frente a un fenómeno que afecta de forma muy grave a todas las mujeres y, en particular, a las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo.

 

La Fundación CERMI Mujeres, de la que forma parte Plena inclusión, ha publicado para este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un manifiesto en el que se exponen sus problemas y se reivindican mejoras. Este texto ha sido adaptado a lectura fácil por Plena inclusión para facilitar su accesibilidad a las personas con dificultad de comprensión.

 

Entre las demandas que se recogen en el manifiesto destaca la petición de un estudio actualizado que muestre las cifras de mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. También se pide un esfuerzo, por parte del aparato judicial, para hacer más accesible la justicia a las mujeres con discapacidad intelectual. En concreto se reivindica más formación sobre discapacidad para los trabajadores del sector, más documentos y sentencias en lectura fácil y que se desarrollen las figuras de la persona facilitadora y de la asistente personal para las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Fundación CERMI Mujeres es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo favorecer las condiciones para que las mujeres y niñas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

 

Plena inclusión Región de Murcia es la mayor organización que representa al colectivo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la Comunidad Autónoma. Está impulsada por más de 3.000 familias, organizadas en 27 entidades, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios.