Violante Tomás (en el centro), durante un acto reciente de Plena inclusión Región de Murcia.

 

Plena inclusión ha manifestado sus preocupaciones en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación establecida por el Gobierno de España a finales de mayo. Los aspectos que perjudican a las personas con discapacidad intelectual y las dudas sobre su desarrollo han llegado hasta el Gobierno de España gracias a la senadora murciana Violante Tomás, que  le trasladó dos preguntas recogiendo estas inquietudes.

Tomás –quien fuera gerente de Plena inclusión Región de Murcia y consejera de Política Social en esta Comunidad- , junto a los otros dos senadores por la Región de Murcia en el Grupo Popular, han dado voz así a Plena inclusión y a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, por lo que queremos agradecer su trabajo en la cámara de representación territorial de España.

Concretamente, las preguntas al Gobierno se referían a

– la discriminación a las personas con discapacidad intelectual adultas con capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación y

– la posible pérdida de derechos ya reconocidos, como la prestación por hijo a cargo.

En ambos casos, la respuesta del Gobierno remite a que “se está trabajando con el colectivo para poder introducir aspectos de mejora que no perjudiquen las situaciones de vulnerabilidad”.

Según el propio Gobierno, se estima que, de todos los hogares que recibirán el Ingreso Mínimo Vital, el 7% están integrados por alguna persona con discapacidad.

El Ingreso Mínimo Vital

 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la prestación por desempleo, por ejemplo.

Plena inclusión valora  positivamente la garantía del ingreso mínimo vital como una conquista para las personas en situación de pobreza y exclusión y un avance en la reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España, pero también está preocupada por la falta de perspectiva de discapacidad que hay en la ley, ya que no se tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un elevado sobrecoste. En el caso concreto de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares de la red de la AEFT, se identifica que un 47% (de un total de 3.400) se encuentran en riesgo de pobreza relativa. Además, el texto remite con frecuencia a desarrollos reglamentarios posteriores e incide en importantes modificaciones de la legislación de la Seguridad Social que regulaba otras prestaciones, como la de hijo a cargo. Esto genera inseguridad jurídica, incertidumbres e imprecisiones.

Voz en el Senado

 

Plena inclusión Región de Murcia quiere agradecer especialmente a Violante Tomás que siga dando voz a las familias de las personas con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, etc. en el Senado como ha hecho siempre allí donde ha tenido responsabilidades.

Violante Tomás fue gerente de esta federación durante 20 años hasta que en 2011 fue elegida parlamentaria autonómica en la Asamblea Regional de Murcia. Posteriormente, fue nombrada Consejera de Política Social, cargo que desempeñó hasta convertirse en Senadora en 2019. Durante todo este tiempo, ha trabajado de la mano de nuestro movimiento por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Otra prueba de esta labor en el Senado de la portavoz del PP en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, es la presentación de una moción que se debatirá en el Senado en la que se solicita garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad para que no se menoscaben sus derechos recogiendo las propuestas en este sentido de Plena inclusión.