Imagen de la creación de la Plataforma Estatal de Representantes en septiembre de 2021.

“La inclusión real de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no es un sueño, sino un reto de justicia que toda sociedad democrática debe acelerar para que se cumplan los derechos básicos de toda la ciudadanía”. Cristina Paredero, codirectora de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, resume así cuál es el horizonte de la reivindicación de un grupo de portavoces, elegidos en todo el país por los foros autonómicos de representación, que se ha empeñado en hacer realidad el objetivo por el que la Plataforma nació hace un año en Toledo.

Pese al paso del tiempo, todavía resuenan las palabras pronunciadas en Toledo por Maribel Cáceres quien, además de miembro de la Plataforma, es vicepresidenta de Plena inclusión España: “Hemos estado calladas muchos años, pero eso ya se ha acabado. Somos ciudadanas como el resto, y por eso queremos que se respeten nuestros derechos y que no se nos discrimine. Luchamos también para que en nuestras organizaciones se nos de espacio para participar y decidir sobre los temas que nos afectan. Eso es el ‘El Poder de las Personas’”.

Representantes de la Plataforma Estatal se reunieron con la Reina de España, con representantes del Ministerio de Derechos Sociales y con la Fundación ONCE, por citar solo tres de los hitos de incidencia política logrados en este año. En los próximos meses se va a continuar con esta labor con el fin de dar a conocer sus demandas a las principales instituciones del Estado y a los principales agentes de la sociedad civil organizada.

Principales reivindicaciones

• Que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, que está diseñado desde el capacitismo, incorporen medidas como la unidad de convivencia independiente en caso de las personas con discapacidades del desarrollo.
• Abordar el derecho a una educación inclusiva de calidad (tal y como contempla la actual Ley de Educación) con la financiación necesaria, desde la formación a todo el profesorado y la contratación de personal de apoyo en las aulas.
• Desarrollar la figura de la persona facilitadora en todo el ámbito judicial como garantía procesal para las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la justicia.
• Mayores medios y atención para las 70.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que viven en España.
• Garantizar la presencia de personas con discapacidad intelectual en los órganos de representación y decisión de las entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión.