Murcia, 29 de octubre de 2020. Plena Inclusión Región de Murcia ha pedido por medio de un comunicado dirigido a las responsables del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) y de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social que suprima la limitación de trabajo en grupos de hasta 3 personas en los centros de día para personas con discapacidad. Esta medida se anunció el pasado domingo y, en la práctica, supone que muchas personas que necesitan atención presencial no puedan tenerla y que los centros no cuenten con suficientes profesionales para atender con todas las garantías la atención telemática.
La Junta Directiva explica en este comunicado que la medida discrimina a las personas usuarias de centros de día para personas con discapacidad respecto a otras de otros servicios. Además, supone un agravio comparativo con el resto de comunidades donde no se han impuesto limitaciones parecidas.
Por todas estas razones, en el comunicado se anuncia que “Plena inclusión Región de Murcia y sus asociaciones miembros se retirarán de las distintas comisiones de trabajo en marcha con el IMAS ya que entendemos que el criterio de nuestros técnicos y profesionales no se valora adecuadamente” hasta que se rectifique la limitación de personas.
Las asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia gestionan 11 centros de día que dan atención a casi 900 personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, trastornos con espectro autista, parálisis cerebral, etc. sin que hasta la fecha se hayan registrado brotes y donde se trabaja con las más escrupulosas higiénicas y sanitarias. En la actualidad, ya se ha reducido mucho el número de personas que reciben atención presencial reservándola para los casos que más lo necesitan por causa de su tratamiento, situación familiar, etc. mientras continúa la atención telemática para el resto.
Plena inclusión Región de Murcia está formada por 26 entidades impulsadas por 3.000 familias, con el apoyo de 800 profesionales y 300 voluntarios.
En toda España, Plena inclusión está formada por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.