La regulación vigente sobre el empleo de personas con discapacidad tiene su origen en la LISMI, (Ley de Integración Social de los Minusválidos), una norma de 1982 que se ha desarrollado de forma heterogénea en las diferentes comunidades autónomas.

«Resulta urgente revisar y actualizar esta normativa si queremos avanzar hacia un empleo más inclusivo. Sólo de este modo la legislación española podrá recoger los avances y nuevas realidades sociales logrados en los últimos años», apuntó Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

Desde el movimiento asociativo se señalan algunas prioridades que debería asumir la actualización de la ley de inclusión laboral:

• El aumento de la reserva de empleo público para personas con discapacidad intelectual, para que se pase del 2% al 3%.
• Una apuesta decidida de los organismos públicos para que las personas con discapacidad intelectual accedan de forma generalizada al empleo ordinario.
• El incremento de los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social desde las administraciones públicas, como un instrumento para generar un empleo estable y de calidad. Y, también, definir registros estatales y locales para estos centros.
• La creación de planes de formación y cualificación adaptados a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual, apostando por la FP Dual y los certificados de profesionalidad.