El Consejo General de la Abogacía Española y Plena inclusión España han suscrito un convenio de colaboración para realizar acciones concretas que promuevan que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener un pleno acceso a la justicia.

En el convenio, sin contraprestación económica para ninguna de las partes, se señalan los siguientes ámbitos de actuación en este marco de colaboración:

– Establecer un posicionamiento estratégico común público sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

– Aumentar la participación en jornadas formativas y de sensibilización propias de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.

– Difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento -adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso- y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica reconoce que en los procesos que participen estas personas se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Entre dichos ajustes reconoce la figura de la persona profesional experta en facilitación.

El movimiento asociativo Plena inclusión lleva más de 25 años prestando apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, tanto en calidad de encausadas como de víctimas, personas que pasan por procesos relacionados con el ejercicio de la capacidad jurídica, etc. En buena parte de estos procesos se aprecia: ausencia de capacitación de los operadores jurídicos para tratar con personas con discapacidad; prejuicios y estereotipos que generan una menor credibilidad del testimonio de las personas con discapacidad uso de un lenguaje técnico y difícil de entender para las personas; y falta de herramientas forenses específicas que tengan en cuenta la situación de la persona con discapacidad.

La constatación de estas situaciones de indefensión llevó a que, desde hace años, profesionales formados en el ámbito de las organizaciones de Plena inclusión comenzasen a acompañar a personas con discapacidad durante los procedimientos judiciales y la figura del facilitador se fuese perfilando.

El convenio, firmado el 9 de junio por la presidenta del Consejo General de la Abogacía y su Fundación, Victoria Ortega, y la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, es una muestra del consenso social e institucional existente en España para promover los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos y su salvaguarda del derecho de defensa.