El Senado se ha dado un paso más en el ya largo camino para que el derecho a la accesibilidad cognitiva esté recogido en la legislación española. Con la aprobación por unanimidad, por parte de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de la reforma de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se avanza hacia el final de un largo proceso, que concluirá en el Congreso con la ratificación de un cambio legislativo que supone el reconocimiento de un derecho fundamental para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como para otras muchas personas con dificultades de comprensión.

La Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena inclusión ha reconocido este logro tan esperado. Para ello, le han hecho llegar una carta a la presidenta de la Comisión del Senado, María Teresa Fernández, en la que pedían que trasladara a todos los grupos parlamentarios el sincero agradecimiento del movimiento asociativo de Plena inclusión.

En la carta, que estaba escrita en lectura fácil, la Plataforma Estatal señalaba cuatro avances que genera el derecho a la accesibilidad cognitiva:

• Es un beneficio para toda la sociedad porque todas y todos necesitan documentos o edificios más fáciles de entender.
• Con la accesibilidad cognitiva se consigue más accesibilidad universal.
• Tener derecho a la accesibilidad cognitiva ayudará a explicar mejor cómo lograrla.
• Habrá más recursos, públicos y privados, para garantizarla.

   

Seis años de reivindicaciones

Este cambio legislativo, al que ya solo le falta la ratificación final en el Congreso que está prevista en breve, llega tras 6 años de reivindicaciones del movimiento de la discapacidad, lideradas por Plena inclusión y el CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad).

La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a más de 270.000 personas con discapacidad intelectual en nuestro país, sino que también es útil para otras 480.000 personas con problemas de salud mental o 8 millones y medio de personas mayores.

A todas ellas hay que sumar otras y otros ciudadanos con trastornos del espectro de autismo, con dificultades para leer o con menos conocimientos de nuestro idioma. La propia Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 3 personas en el mundo pueden beneficiarse de este derecho, que facilita el acceso a otros derechos como son los de la educación, la información, la sanidad, etc.