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Mejora para las familias que apoyan a personas con discapacidad intelectual

Una buena noticia para las

familias con personas con

discapacidad intelectual.

A partir de mañana se mejoran

las condiciones en las que estas

personas cuidadoras reciben

ayudas de la Seguridad Social.

Esta medida afecta a las familias

que cuidan a personas con

discapacidad intelectual que tiene

una dependencia reconocida.

Para Plena inclusión esta es una

buena noticia.

Plena inclusión España ha valorado como positiva la modificación del Real Decreto 615/2007 de 11 de mayo que regula las prestaciones de la Seguridad Social de familiares cuidadoras de otras en situación de dependencia legalmente reconocida. La modificación aplica a aquellas personas cuidadoras que se ven obligadas a solicitar una reducción de jornada para poder atender a las personas a su cargo, por lo que afecta directamente a miles de familias con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 

Se trata de una medida demandada por el movimiento asociativo que supone mejorar las condiciones de cotización de estas personas, entendiendo las especiales circunstancias en las que se produce el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el ámbito familiar.

 

Cuando la persona desee mantener la base de cotización anterior a la reducción de jornada, podrá hacerlo asumiendo ella misma el coste directo que suponga el incremento de cotización sobre lo previsto según el Convenio especial. En ninguno de los casos se puede superar el límite establecido como base de cotización por el Convenio especial. El texto también recoge que esta modificación se aplica a los convenios ya suscritos antes de la entrada en vigor (15 de diciembre) de esta modificación.

 

Plena inclusión subraya la importancia de este avance respecto a la situación anterior y manifiesta su preocupación sobre cómo variará en función de la aplicación por parte de cada comunidad autónoma. Por ello, se ofrece a realizar un seguimiento de los mecanismos de aplicación de esta modificación a nivel autonómico, de cara a garantizar el respeto a los derechos de las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.