CERMI y Plena inclusión demandan desde hace años la mención explícita de la accesibilidad cognitiva en el ordenamiento jurídico. El pasado mes de junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para incluir esa mención. Ahora la ley se está tramitando, en su fase definitiva, en el Parlamento.

Plena inclusión se ha reunido con todos los partidos políticos para acercar posiciones y demanda al Congreso de los Diputados la aprobación urgente de este reconocimiento. “Los derechos de las personas con dificultades de comprensión no pueden esperar”, defiende, Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y líder con discapacidad intelectual.
Según la denominación establecida por las organizaciones de la discapacidad reunidas en el CERMI, la accesibilidad cognitiva es la «característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación».

Desde hace décadas –como principal organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en España–, Plena inclusión ha defendido la extensión de diferentes sistemas y metodologías relacionadas con la accesibilidad cognitiva a toda la información de interés público y espacios de uso común.

Desde Plena inclusión se señala la paradoja que supone la desaparición de la incapacitación legal y, sin embargo, que no se haya aprobado aún el reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva. “Su aprobación permitiría su desarrollo y –por tanto- generar mejores apoyos para las personas que antes estaban incapacitadas por ley”, añade Santiago López presidente del movimiento que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y sus familias.

La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a 268.633 personas con discapacidad intelectual en nuestro país. Además, ayuda a entender mejor a otras 481.544 personas con problemas de salud mental, o sobre 8.657.705 personas mayores. A todas ellas hay que sumar otras y otros ciudadanos con trastornos del espectro de autismo, con dificultades para leer, o con menos conocimientos de nuestro idioma. La Organización Mundial de la Salud cuantifica en 1 de cada 3 personas en el mundo a quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad.

Tras ello, reclama el uso de la accesibilidad cognitiva como un derecho universal que permite el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio, que a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad.

Esto solo puede hacerse reconociendo específicamente la accesibilidad cognitiva por Ley, lo que permitiría que se conozca, que se explique cómo cumplirla, que se pueda evaluar su grado de desarrollo, que se pueda exigir su cumplimiento en determinadas condiciones, que se aseguren los recursos necesarios para su implantación y disponer de formas de denunciar su falta de cumplimiento.