Noticia de Plena inclusión España

El derecho a la accesibilidad cognitiva debe aparecer de modo explícito  en  el  ordenamiento  jurídico  español  y  no  quedar  invisibilizado  en  una  definición  más general como es la de la accesibilidad universal. Este es el mensaje que se lanza desde Plena inclusión, con el apoyo del CERMI, al Congreso de los Diputados una vez que, el pasado jueves 29 de octubre, PSOE y Unidas Podemos rechazaran las enmiendas presentadas a la reforma legal. El argumento esgrimido por estos grupos parlamentarios es que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal y que queda reconocida en la actual Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión.

“Desde  el  movimiento  asociativo  de  la  discapacidad  llevamos  años  luchando  para  poner  la accesibilidad cognitiva en la agenda política porque entendemos que es un derecho fundamental no recogido explícitamente en ninguna ley vigente”, apunta Olga Berrios, responsable del programa de  Accesibilidad  Cognitiva  en  Plena  inclusión  España.  “Las  leyes  deben  asegurar  que  tenemos igualdad de oportunidades para acceder a todas las informaciones. Eso es avanzar en la plena inclusión  de  nuestra  sociedad”,  completa  Maribel  Cáceres,  representante  de  las  personas  con discapacidad  intelectual  en  la  Junta  Directiva  de  Plena  inclusión  y  en  el  Comité  Ejecutivo  del CERMI  Estatal.  Plena  inclusión,  por  tanto,  solicita  a  PSOE  y  Unidas  Podemos  que  retiren  la enmienda  de  supresión  y  apoyen  el  texto  enriquecido  con  las  aportaciones  presentadas  en  el Congreso.

Leyes, mejor que buenos deseos

 

Plena inclusión remarca que la accesibilidad cognitiva no ha contado en España hasta ahora, exceptuando casos puntuales, con normativa relacionada, planes ni medidas públicas globales para promoverla. Uno de estos ejemplos son las sentencias en lectura fácil de juzgados asturianos, una iniciativa promovida por Juan Carlos García, magistrado del Consejo General del Poder Judicial y delegado en Asturias del Foro Justicia y Discapacidad. El propio García reconocía esta mañana en un encuentro online organizado por Plena inclusión España y Servimedia que “no hay un instrumento legal que exija que las sentencias se hagan en lectura fácil”.

Otro caso positivo que va en la línea de lo que demanda el movimiento asociativo de las personas con discapacidad es la creación, por parte de la Junta de Extremadura, de la OACEX (Oficina de Accesibilidad cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura). Gracias a su trabajo, la comunidad extremeña es la más avanzada en iniciativas que garantizan el acceso de la información de las personas con discapacidad intelectual y/o dificultades de comprensión. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue la inclusión de señalética en lectura fácil la adaptación, en los últimos comicios, en todos los colegios electorales de Extremadura. Hay que recordar que el OACEX, que es un servicio estatal muy similar al Centro Estatal de Referencia en Accesibilidad Cognitiva que se propone en la nueva ley, está gestionado por Plena Extremadura.